MUEVETE

NO DEBEMOS PERMITIR QUE SE PONGA FIN A LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO QUE FUNCIONA EFICIENTEMENTE, SUPRIMIENDO A LOS ABOGADOS DE OFICIO LIBRES E INDEPENDIENTES, VERDADEROS ARTIFICES DEL PRESTIGIO DEL QUE GOZA EL SERVICIO; Y MENOS PARA BENEFICIAR A QUIÉN; TAMPOCO DEBEMOS PERMITIR LA INSTRUMENTALIZACIÓN POLÍTICA DE LA JUSTICIA A TRAVÉS DEL USO O EMPLEO DE LOS OPERADORES JURÍDICOS.







miércoles, 17 de febrero de 2010

EL HALL DEL JUZGADO

AHORA ES NUESTRO TURNO: MUÉVETE
DESDE EL HALL DEL JUZGADO PARA QUE TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS TRABAJEMOS POR RECUPERAR LA ESTIMA Y EL ORGULLO DE SER ABOGADOS.-

La Abogacía es la piedra angular sobre la que descansa el Estado de Derecho, pues no puede desconocerse que, tal como se recoge en sus propias normas estatutarias, “ La Abogacía es una profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en interés público (...) en orden a la concordia, a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y a la Justicia (...)” y un Estado social y democrático de Derecho como el nuestro que proclama como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, garantizando, en aras del derecho a obtener la tutela judicial efectiva, el derecho a la asistencia letrada, como fórmula mediante la cual se evite la indefensión a la hora de ejercitar el derecho de defensa al que TODAS las personas tienen derecho, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Pese a todo ello y al importante papel que desempeña la Abogacía, en los últimos tiempos, hemos venido asistiendo a una paulatina degradación de la figura del Abogado, propiciada tanto desde la propia legislación que desoye y relega a papeles marginales la figura del Abogado como desde el propio Abogado que ha visto como paulatinamente se le va confinando, amordazado, en la celda de al lado, de tal forma que, evidentemente, le resulta casi imposible no sólo reaccionar sino algo tan simple como actuar.
En esa espiral la Abogacía ha tocado fondo y no puede permitirse por más tiempo que se sigan conculcando sus derechos que, a mayores, son los derechos de todos los ciudadanos, ni Convenciones, como las de Roma, que repugnan la idea de una toga sentada en un estrado como fórmula válida para garantizar la defensa de los derechos civiles. Es hora de que los Abogados, uno a uno, empecemos a revelarnos contra el concepto que pretenden imponernos de autómatas al servicio de la adulación de un sistema que no se sostiene por más tiempo y cuyo fracaso principal reside, precisamente, en el papel al que se pretende relegar al Abogado, abusando de su individualidad como punto débil o talón de aquiles.
Es dicha individualidad y la fiera competencia que se nos impone desde leyes pensadas por agentes ignorantes o temerosos de una Abogacía fuerte como motor del Estado de Derecho la que está diluyendo los derechos colectivos y al propio Estado de Derecho y, por extensión, a la Justicia; es más que posible que el fracaso del sistema judicial de nuestro Estado resida precisamente en haber relegado sistemáticamente a la Abogacía en las últimas reformas, o simplemente en efectuar reformas que desoyen las voces de la Abogacía y que, además, dificultan seriamente su trabajo y labor con la promulgación de leyes que no encajan en el ordenamiento jurídico para el que han sido creadas, cual si desconocieran el mismo o lo ignorasen, lo que obliga al Abogado a esfuerzos titánicos para garantizar la seguridad jurídica; cómo sino se explicaría que, en un sistema judicial tan garantísta como el de nuestro ordenamiento jurídico, se culpe al Abogado siempre, cuando en la practica totalidad de procedimientos intervienen toda una serie de agentes que deben de velar por la tutela judicial efectiva: en la mayoría de los casos cuando “falla” el Abogado es que hay otros que han “fallado” previamente y, aún así si analizásemos el comportamiento que se le exige al Abogado y los recursos de los que dispone en comparación con los otros agentes intervinientes habría que concluir que el Abogado no ha fallado. Sin embargo, curiosamente, se tiende a culpabilizar, ridicularizar y demonizar al Abogado y no a los otros agentes. A mayores a éstos ni se les sanciona o se le exigen responsabilidades, tanto civiles como penales, y cuando en esas raras ocasiones que tiene la vida ocurre tal acontecimiento las penas o sanciones son livianas y redactadas de modo exculpatorio o suavizando los acontecimientos y hechos, en todo caso carentes de la dureza y la desconsideración con la que se redactaría la pena o sanción a un Abogado.
Por eso desde esta candidatura, siempre con el respaldo del órgano rector por excelencia, cual es la Junta General, órgano democrático en la que debemos participar todos, ejercientes y no ejercientes, los de los pueblos y la ciudad, para lograr consensuar una voluntad única en defensa de los derechos del colectivo al que pertenecemos, desde el ámbito del Ilustre Colegio Provincial de A Coruña, intentaremos desbrozar el enmarañado camino hacia la reconquista de los derechos de los Abogados y por ende de los ciudadanos y lo haremos de manera libre e independiente, intentando, poco a poco, recuperar el lugar del que hemos sido desahuciados, conocedores de que es una tarea ardua y probablemente lenta pero absolutamente necesaria, porque tenemos que tirar del carro conscientes de que la Abogacía está inmersa en un proceso patológico de baja autoestima e individualismos de supervivencia que no conducen más que a la degradación del grupo en un seudo beneficio de aquellos que no ejercen por vocación, ni por necesidad, sino por ambición ignorantes de que al degradarse la consideración y el respeto debidos al conjunto su beneficio individual se recorta al servilismo.
Por eso la candidatura de El Hall del Juzgado pretende que el Colegio de Abogados sea el centro neurálgico de un grupo de presión basado en la unión de todos los colegiados, tanto los que lo han sido, como los que los son o lo serán, para la consecución de la dignificación de la Abogacía, para la recuperación de la estima y el orgullo de ser ABOGADO, en definitiva para mejorar nuestras condiciones tanto profesionales como personales, todo ello en beneficio de la sociedad. Y en esta lucha somos imprescindibles todos: los mayores con su experiencia, los jóvenes con su ilusión e impulso vital, los no ejercientes con su visión distanciada del día a día de los ejercientes, éstos, los ejercientes, con su conocimiento devenido de la práctica diaria en el ejercicio de la profesión en primera línea, los de los pueblos y los de la ciudad.
Cuanto más unidos estemos en la lucha por la dignificación de la profesión más grandes serán nuestros logros y el de la sociedad en su conjunto. Ahora es nuestro turno: MUÉVETE.