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NO DEBEMOS PERMITIR QUE SE PONGA FIN A LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO QUE FUNCIONA EFICIENTEMENTE, SUPRIMIENDO A LOS ABOGADOS DE OFICIO LIBRES E INDEPENDIENTES, VERDADEROS ARTIFICES DEL PRESTIGIO DEL QUE GOZA EL SERVICIO; Y MENOS PARA BENEFICIAR A QUIÉN; TAMPOCO DEBEMOS PERMITIR LA INSTRUMENTALIZACIÓN POLÍTICA DE LA JUSTICIA A TRAVÉS DEL USO O EMPLEO DE LOS OPERADORES JURÍDICOS.







viernes, 23 de abril de 2010

LA OPINIÓN CORUÑA

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Los letrados mantienen la restricción en el turno de oficio
El Colegio de Abogados reunido ayer en asamblea computó 43 votos a favor y 119 en contra de paralizar la acción de protesta



Algunos de los letrados asistentes a la asamblea. / eduardo vicente
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ANA RODRÍGUEZ | A CORUÑA Los abogados del turno de oficio en los juzgados de A Coruña prosiguen la batalla. Y con una balanza claramente desequilibrada: 119 cartulinas naranjas para el sí y sólo 43 azules para el no. Los letrados que atienden a los que carecen de medios para pagar su defensa continuarán con la restricción de sus servicios, que comenzaron el 1 de febrero. La nueva propuesta de la Xunta sigue siendo, para ellos, insuficiente, tal y como manifestaron y votaron en la asamblea general celebrada ayer en la sede del Colegio de Abogados. Reproches para la consellería de José Luis Méndez Romeu y para la junta directiva del organismo colegial, que, aunque considera "frustrante" la oferta del Gobierno autónomo, aboga por aceptar y suspender de forma temporal las restricciones.

Lamentaron los representantes de los letrados que se les haya acusado de "connivencia" con el poder político. "Hemos llegado hasta donde hemos podido llegar", sostuvieron desde la mesa presidencial ante los casi dos centenares de abogados allí congregados. Propusieron "el alzamiento con un condicional" de la restricción de forma temporal. ¿Dicho condicional? Que la Xunta acepte una comisión de seguimiento que vele por el acuerdo y nuevas mejoras para poder así aplazar hasta fin de año posibles nuevas acciones.

Algunos de sus argumentos, la crisis (murmullos, muchos murmullos del auditorio), las inminentes elecciones y los posibles cambios en el Gobierno. Alegaron que en ninguna otra parte de España se había conseguido lo que en la provincia y que, en comunidades en las que se había decidido mantener la batalla, se había llegado a situaciones poco favorables para los letrados del turno de oficio.

En Gijón, explicaron, las autoridades habían prescindido de sus servicios y contratado directamente a una veintena de abogados. "Ya ha habido quejas ante el Valedor do Pobo, denuncias contra el Colegio", alertaron desde la junta. Según el organismo colegial, su trabajo ha recibido "más zancadillas" que apoyos, ya que los otros colegios y el Consello Galego de Avogacía no comprenden la negociación directa e individual entre la entidad y el conselleiro Méndez Romeu.

Por lo bajini, algunos de los asistentes comentaban que la junta intentaba, con tales argumentos, "coaccionar" el voto. "Si decimos que sí seríamos el único colectivo que después de una huelga habría perdido dinero", reprobó en el turno de palabra una de las participantes en la reunión. Una amplia mayoría de letrados optó por el no: las restricciones continuarán porque la Xunta no ha atendido a las solicitudes consensuadas.

Así ha sucedido con una de las principales peticiones de los abogados del turno de oficio en torno al pago de las guardias. La Xunta mantiene los 180 euros por cada día de guardia, cuando lo que piden los abogados es que se les tenga en cuenta el número de servicios. Aunque con una cantidad que consideran ínfima para la carga de trabajo -420 euros por cada semana de guardia-, los partidos judiciales se han visto al fin insertos dentro de un acuerdo del que antes la Consellería de Xustiza les excluía por completo.

Otro de los problemas que continúa en la vida de los letrados del turno de oficio es el cobro. Son ellos los que tienen que justificar si verdaderamente el defendido tiene o no posibilidades de pagar el servicio. Una "misión imposible", dicen, aunque, a partir de ahora, la Xunta vaya a tener acceso a los datos económicos de los clientes con supuesta insolvencia. Como telón de fondo del debate, la reforma de la asistencia gratuita, que quieren abordar con Gobierno autónomo y central.